La confiabilidad, la estabilidad y la credibilidad se cuentan entre las cualidades más preciadas en el trabajo de los expertos contables. Estas virtudes se tornan inalcanzables sin la presencia de pautas profesionales.
Las directrices representan los fundamentos y lineamientos que gobiernan las prácticas y procedimientos de los contadores públicos. Además, aseguran la integridad y la posibilidad de equiparación en las labores efectuadas por estos profesionales.
Imagina, por un instante, que estás cotejando los estados financieros auditados de las compañías A y B con el propósito de determinar en cuál invertir tus recursos. Una comparación valiosa solo es plausible si dichos estados financieros se han elaborado según las mismas pautas y los auditores de ambas empresas han seguido criterios afines en su labor. Las normativas de contabilidad y auditoría permiten esta uniformidad y otorgan a los inversores la confianza de que su evaluación de las dos empresas se basa en parámetros similares.
Los contadores públicos y auditores, tanto en la esfera pública como en el ámbito empresarial, trabajan siguiendo los requisitos delineados en una serie amplia de pautas. Estas directrices abarcan no solo la contabilidad y la auditoría, sino también la conducta profesional y las responsabilidades éticas. Las normas son sumamente detalladas y abordan cuestiones específicas, como, por ejemplo, cómo debe proceder un contador público ante ofrecimientos de regalos o entretenimiento por parte de una organización sujeta a auditoría. Una interpretación ética de estas situaciones, detallada en el Código de Conducta Profesional de la AICPA, ofrece consideraciones y salvaguardias diseñadas para preservar la integridad y la imparcialidad de los contadores públicos. Asimismo, demuestra al público que los contadores públicos y los auditores son dignos de confianza en diversas facetas de su labor.
En este sentido, cumplir con las normas profesionales otorga a los contadores públicos la capacidad de actuar con integridad, imparcialidad y un debido celo profesional que se asemeja al de sus colegas, quienes han transitado años de educación inicial y formación continua, así como han acumulado una valiosa experiencia laboral.
El bienestar público es beneficiado mediante la implementación de normas independientes
La noción de establecer normas independientes constituye un pilar esencial en la práctica contable, ya sea en el sector público o privado. Las pautas profesionales sirven al interés público de manera óptima cuando son concebidas por profesionales libres de influencias políticas o intereses personales.
En este sentido, las normativas de información financiera utilizadas en Estados Unidos son dictaminadas por el Financial Accounting Standards Board (FASB), cuyos miembros son designados por la Financial Accounting Foundation, una entidad sin ánimo de lucro. En numerosas jurisdicciones alrededor del mundo, las directrices son establecidas por el International Accounting Standards Board (IASB), cuyos integrantes son seleccionados por la International Financial Reporting Standards Foundation.
Los Consejos compuestos por miembros voluntarios del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) establecen pautas que regulan una gran cantidad de servicios proporcionados por los contadores públicos, además de normas de ética profesional. Entre estos órganos se encuentra el Auditing Standards Board (ASB) del AICPA, que establece normativas para las auditorías de entidades no públicas, tales como empresas privadas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y planes de pensiones. Los miembros del ASB abarcan representantes de firmas contables de diversas dimensiones, juntas de contabilidad estatales, académicos y otros profesionales.
En cuanto a las empresas que cotizan en los mercados de valores en Estados Unidos, las normas de auditoría son establecidas por el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), cuyos miembros son designados por el organismo regulador gubernamental, la Securities and Exchange Commission (SEC).
Por medio de reuniones, consultas abiertas y proyectos de exposición, los organismos normativos tienden a llevar a cabo su labor de manera transparente y están abiertos a aportaciones de diversas partes interesadas. En líneas generales, estos órganos consultan con los involucrados para evaluar cuándo es necesario realizar modificaciones que se ajusten a las condiciones cambiantes o mejoren las prácticas actuales.
Cuando surge la necesidad de un cambio o de una nueva norma, los organismos de normativa suelen redactar propuestas y solicitar la opinión pública al respecto. Luego de considerar los comentarios recibidos, pueden generar y publicar estándares finales que abarquen la información relevante, además de la fecha en la que entrarán en vigencia las nuevas reglas.
Las normativas evolucionan conforme al entorno
La profesión contable afronta diversos desafíos, uno de los cuales es un entorno empresarial en constante cambio. Los avances tecnológicos, por ejemplo, otorgan a los profesionales la oportunidad de brindar sus servicios de manera innovadora y eficaz. No obstante, estos progresos también pueden presentar obstáculos que no se preveían en las pautas establecidas.
Un ejemplo de tales desafíos son los sistemas de información, incluida la nube. En los últimos años, las empresas han adoptado nuevas formas de recopilar y almacenar sus datos financieros. Como resultado, han buscado la asesoría de contadores para llevar a cabo esta tarea, dado que es un ámbito en el que muchos profesionales cuentan con experiencia. Sin embargo, si un contador establece y administra un servicio en la nube para una entidad, está asumiendo roles de gestión que comprometen su independencia. En consecuencia, no estaría capacitado para prestar servicios que requieran independencia en relación con dicha organización.
El cambio puede desencadenar mejoras
Además de posibilitar la entrega de información o servicios superiores al público, los cambios en las normativas pueden generar mejoras en las operaciones de las empresas y los negocios. Por ejemplo, una norma recientemente emitida por el FASB demandaba que las compañías que arriendan activos reportaran estos arrendamientos en sus balances.
Esta norma aumentó la transparencia para los usuarios de los estados financieros, y los procesos implementados por las empresas para llevar a cabo esta nueva contabilidad generaron oportunidades nuevas. Estos procedimientos las obligaron a reunir todos sus contratos de arrendamiento, ya fueran de inmuebles, vehículos, equipamiento de oficina u otros bienes, en un solo lugar, en lugar de tenerlos dispersos por toda la organización.
Este proceso ayudó a las empresas a obtener una visión completa de sus acuerdos de arrendamiento en su conjunto y a identificar opciones para mejorar, como consolidar bajo un único proveedor que podría ofrecer tarifas más ventajosas debido al volumen más elevado.
Cambios como este pueden convertir el proceso de adopción de normativas, que suele ser laborioso, en algo más beneficioso tanto para las empresas como para el público.
Por otro lado, los organismos normativos también toman en consideración la complejidad de implementar una norma al fijar la fecha de entrada en vigor, y, por ende, otorgan más tiempo a las normas especialmente complicadas. Las empresas privadas, al contar con menos recursos que las empresas públicas, suelen beneficiarse de plazos más amplios para implementar las directrices.
En última instancia, todo este proceso tiene como objetivo primordial ayudar a los contadores públicos a realizar su trabajo de la mejor manera posible, ya que son ellos quienes proporcionan información consistente, comparable y confiable a los inversionistas, acreedores y al público en general. Como consecuencia, los emisores de normativas sirven al interés público y, por ende, apuntalan un pilar fundamental de la profesión contable.
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