Las firmas de auditoría comúnmente establecen divisiones de consultoría para ofrecer servicios específicos a determinados clientes. A pesar de existir disposiciones legales destinadas a prevenir conflictos de interés, en el mercado se percibe esto como una falta de independencia, generando la impresión de que los auditores están evaluando sus propios trabajos.
En el año 2001, el caso ampliamente divulgado de Enron Corporation, una gigante energética, tuvo consecuencias significativas, incluyendo el colapso de la firma de auditoría Arthur Andersen, que había brindado servicios de auditoría y consultoría a Enron. A pesar de que el equipo de auditoría había emitido un informe sin problemas poco antes, se descubrió que se había ocultado un fraude masivo en los estados financieros.
Tras el escándalo de Enron, se promulgó en los Estados Unidos la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, con el propósito de permitir al gobierno monitorear a las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y sus filiales, buscando prevenir fraudes y riesgos asociados con quiebras, en interés de los inversores. Entre las reformas introducidas por esta ley se incluye la prohibición de que las firmas de auditoría en los Estados Unidos ofrezcan ciertos servicios, como consultoría y certificación de controles internos de información financiera, aparte de la auditoría.
Esta situación plantea un conflicto inherente cuando una firma brinda servicios de aseguramiento y auditoría al mismo tiempo que asesoramiento y consultoría a los mismos clientes. Como resultado, los reguladores consideran crucial la separación de líneas de negocio para salvaguardar la independencia de las llamadas “Big Four” y otras firmas similares.
Para afrontar esta cuestión, algunas firmas han optado por dividirse legalmente, creando entidades independientes que asumen sus propios compromisos, cumpliendo con las exigencias regulatorias en su jurisdicción. Los reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), han estado actualizando sus normas de independencia del auditor en respuesta a las relaciones y servicios que han llevado a violaciones de independencia técnica, aunque la objetividad y la imparcialidad de los auditores no estén claramente afectadas.
En el Reino Unido, el Consejo de Información Financiera (FRC) ha revisado sus estándares éticos, prohibiendo a los auditores participar en decisiones de gestión y brindar servicios de reclutamiento y remuneración. En 2020, el FRC estableció “principios para la separación operativa de las prácticas de auditoría de las cuatro grandes firmas”, enfocados en la calidad de la auditoría, la cultura ética y el interés público.
Canadá, por su parte, tiene la Ley 198 de Ontario, a menudo llamada la versión canadiense de la Ley Sarbanes-Oxley, que aborda temas como la certificación de controles de auditoría interna, pero no requiere la separación de funciones entre auditoría y consultoría.
Con el surgimiento de nuevos temas, como responsabilidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), las firmas de auditoría se han visto enfrentadas a la necesidad de definir roles específicos para abordar estos asuntos. A pesar de la demanda por servicios de auditoría ESG, también se requieren consultas en áreas como el establecimiento de sistemas de control ambiental, generando conflictos.
La llegada de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la cadena de bloques, ha añadido complejidad. A medida que más clientes adopten estas tecnologías, requerirán tanto servicios de auditoría como de consultoría. La separación de estas áreas busca mantener la independencia de los auditores y firmas.
Los aspectos financieros también deben considerarse, ya que si bien la división puede aumentar los ingresos a corto plazo debido a los servicios de consultoría, a largo plazo la entidad de consultoría podría sufrir una disminución de ingresos al operar bajo un nombre distinto y con menos información sobre clientes potenciales. La preferencia por la consultoría podría afectar la conformación de equipos y la remuneración de empleados.
La marca y el reconocimiento público también son factores relevantes, ya que la división podría amenazar el valor de la marca al perder talento en la rama de consultoría. La independencia del auditor es esencial y, aunque las firmas han explorado diversas formas de abordarla, la venta de servicios diversos ejerce presión sobre ella. Una opción podría ser la rotación de auditores para garantizar la independencia.
En conclusion, mientras que la capacidad de ofrecer una gama completa de servicios es beneficiosa para los clientes en un entorno multidisciplinario, es crucial mantenerse en línea con las regulaciones. La independencia es un activo valioso para los auditores y debe prevalecer, aun en circunstancias desafiantes. Por lo tanto, es fundamental reflexionar sobre cómo abordar adecuadamente estos desafíos.
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